Las persianas metálicas bajadas a la fuerza en las sucursales de Asunción marcaron el inicio de una pesadilla colectiva. Cientos de miles de ciudadanos formaron filas interminables bajo el sol, golpeando las puertas de vidrio y exigiendo entre lágrimas el acceso a sus ahorros, sueldos y jubilaciones. Más de tres millones de paraguayos —casi la mitad del país— descubrieron de la noche a la mañana que el sistema bancario comercial que les habían prometido como un milagro de modernidad financiera se había esfumado en un socavón de insolvencia y corrupción institucional.
En el centro exacto del escándalo emerge la figura del presidente de la República, Santiago Peña, y su antiguo socio comercial, el Grupo Vázquez. Hasta marzo de 2025, el mandatario conservador figuraba como accionista de la entidad financiera Ueno Bank. Durante su mandato, la entidad pasó de ser un actor marginal a un monstruo bancario hinchado artificialmente con más de 5 billones de guaraníes (unos 869 millones de dólares) de fondos públicos, inyectados de manera irregular desde el Instituto de Previsión Social (IPS). Un drenaje sistemático de las pensiones del Estado que sirvió, además, para financiar la agenda ideológica de la extrema derecha internacional en foros que van desde Mar-a-Lago en la gala latina organizada por Javier Negre donde le dieron un premio a Cerimedo y Wall Street Latino que a su vez financia CPAC donde Santiago Peña tejió las alianzas geopolíticas con VOX y la alt-right americana.
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El botín del IPS: cómo se saquearon los fondos de pensiones
El ascenso de Ueno Bank no respondió a ninguna lógica de mercado ni a un éxito de gestión privada. Fue el resultado de un trasvase masivo de capitales del Estado orquestado desde la llegada de Santiago Peña al poder en 2023. En solo doce meses, los fondos públicos colocados en la entidad crecieron en 451 millones de dólares. Para lograr esta inyección masiva, los administradores del sistema previsional pisotearon la Ley de la Superintendencia de Jubilaciones, que prohíbe taxativamente concentrar más del 10% del portafolio global del IPS en un solo emisor.
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La trampa técnica alcanzó niveles escandalosos. Para esquivar los controles legales, la Dirección de Inversiones del IPS colocó más de 1,1 billones de guaraníes en 'depósitos a la vista', una modalidad ociosa que no generaba un solo guaraní de rendimiento o interés para los futuros jubilados, pero que dotaba a Ueno Bank de una liquidez millonaria a coste cero. La propia dirección previsional tuvo que admitir en sesiones oficiales que la entidad estaba abiertamente sobrepasada en los límites legales de concentración de fondos, amparándose en el insólito argumento de que el dinero disponible a la vista "no constituye una inversión". Mientras el dinero de las pensiones permanecía congelado sin rentabilidad, la banca amiga de Peña expandía agresivamente sus operaciones y colocaba emisiones masivas de bonos en los mercados internacionales.
De Mar-a-Lago al CPAC: el dinero de las jubilaciones para financiar eventos de ultraderecha
El dinero succionado de los jubilados paraguayos no solo sirvió para engordar los balances de la entidad bancaria; también funcionó como lubricante financiero para la diplomacia ultra y la proyección internacional de la extrema derecha. Ueno Bank irrumpió en la escena global como patrocinador exclusivo y principal ('Diamond Sponsor') de citas políticas de la ultraderecha continental, como la *Hispanic Prosperity Gala 2026* celebrada en el club Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, un evento de entradas VIP de 5.000 dólares donde se dieron cita figuras como Eduardo Bolsonaro o el presidente argentino Javier Milei y la presidenta Isabel Díaz Ayuso que participaron a través de un vídeo tras decaer su participación física a última hora.
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La entidad financiera actuaba en la práctica como el brazo pagador de una red de influencia política conectada con los organizadores de eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y las redes europeas ligadas a VOX. Detrás de este engranaje de patrocinios y alfombras rojas operaban conocidos agitadores de la desinformación y la propaganda de extrema derecha, como el español Javier Negre o el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, que fuera premiado como mejor consultor por sus victorias en las elecciones de Bolivia y Honduras, y donde agradeció a sus principales socios a nivel internacional, Brad Parscale, estratega digital de Donald Trump y Andy Rivas, asesor de Santiago Peña en la sombra desde hace varios años.
El asesor de Peña en la sombra: Andy Rivas, socio de Cerimedo
Dentro de este entramado de alianzas trasatlánticas sobresale la figura de Andrés "Andy" Rivas, socio directo de Cerimedo y operador clave en la sombra del Ejecutivo paraguayo. Rivas, un consultor sin cargo oficial ni figuración en las planillas del Estado —un asesor *mau* o ilegítimo, en el argot local—, se convirtió en la sombra del canciller Rubén Ramírez Lezcano y del propio presidente Santiago Peña en sus desplazamientos internacionales. Andy Rivas salto a la palestra comunicativa tras la detención de su socio Cerimedo en varias imágenes junto Brad Parscale y el hijo de Trump en EEUU.
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Sin justificación presupuestaria pública ni transparencia sobre quién financiaba sus elevados costes de viaje y alojamiento, Rivas se sentó al mismo nivel que diplomáticos de carrera en cumbres de alto nivel en Washington y Asunción. Tuvo acceso privilegiado a reuniones con el Consejo de las Américas (AS/COA), la Fundación Heritage, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, la Embajada de Israel y la OEA. Moviéndose en las sombras exactamente igual que operó Cerimedo en Bolivia, Rivas tejió la arquitectura comunicativa e institucional de Honor Colorado, fusionando el poder financiero de Ueno Bank con las campañas de guerra sucia digital y la penetración geopolítica conservadora.
Colapso, detenciones y la rabia en las calles
El castillo de naipes se derrumbó de manera fulminante cuando las auditorías internas e informes del Banco Central del Paraguay (BCP) revelaron que la solvencia real de Ueno Bank se había hundido por debajo del 50% del mínimo legal requerido, tras corregir balances contables maquillados. La calificación de sus bonos internacionales cayó en picado, desencadenando una orden repentina de resolución e intervención estatal para evitar la quiebra sistémica.
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La respuesta policial no se hizo esperar. En un operativo de urgencia, las fuerzas de seguridad arrestaron e ingresaron en prisión a la cúpula directiva de la entidad, incluyendo a los principales ejecutivos del Grupo Vázquez, encabezados por Miguel Vázquez. Las imágenes de los bancarios encapuchados y esposados siendo trasladados a la Agrupación Especializada provocaron un terremoto en la clase política paraguaya, forzando la dimisión inmediata del presidente del BCP, Carlos Carvallo, un antiguo ejecutivo de la propia entidad intervenida cuya negligencia en la fiscalización aceleró el desastre.
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En las inmediaciones del Congreso paraguayo y en las sedes bancarias, la rabia popular desbordó los cordones policiales. Con tres millones de usuarios atrapados en un auténtico 'corralito', el presidente Santiago Peña ensayó una rápida maniobra de distracción en sus redes sociales, desmarcándose de sus antiguos socios, calificando el colapso como un "caso aislado" y prometiendo un proyecto de ley de emergencia para rescatar los depósitos con más dinero público.
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La oposición parlamentaria ya ha anunciado el inicio de los trámites para un juicio político contra el mandatario. Mientras la justicia investiga las comisiones, los fraudes crediticios y la malversación de fondos del seguro social, el desplome de Ueno Bank deja una lección devastadora: la alianza entre el capitalismo de amiguetes, el saqueo de lo público y la propaganda de extrema derecha termina pagándola, de manera dramática, la ciudadanía de a pie.