La noche en que la Fiscalía anticorrupción irrumpieron en la lujosa residencia de Federico Miguel Vázquez Villasanti, el arquitecto corporativo tras el conglomerado Ueno Bank e Itti, no solo buscaban rastrear el agujero patrimonial que provocó la resolución del banco. Escondida entre las pertenencias del ejecutivo procesado apareció una planilla confidencial que funcionaba como un verdadero libreto para amañar contrataciones públicas por valor de 241 millones de dólares. Un documento que pone al descubierto la trastienda donde se cruzan la geopolítica, el cibervigilancia militar y la entrega de infraestructuras críticas del Estado paraguayo a multinacionales israelíes.
El escándalo ha sacudido los cimientos del gobierno de Santiago Peña. Lo que formalmente se presentó como una modernización tecnológica del país revela ahora un entramado en el que decisiones diplomáticas de alto nivel —como el polémico traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén— sirvieron de alfombra roja para que firmas privadas asociadas al Grupo Vázquez acapararan contratos de inteligencia estratégica, interceptación de llamadas, telecomunicaciones del Ejército y radares aéreos.
El libreto de la ciberinteligencia israelí en los pasillos del Estado
El documento incautado por el Ministerio Público desglosa con absoluta frialdad las maniobras necesarias para direccionar licitaciones a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI). Para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la planilla fijaba un proyecto prioritario de 8 millones de dólares para equipamiento táctico e interceptación telefónica. El socio clave especificado en el libreto era Septier, una firma israelí de ciberinteligencia que ya prestaba servicios al Ministerio del Interior. El manual instruía expresamente a los ejecutivos a «presionar» a los administradores del PTI para acelerar el llamado y asegurar el lote completo.
La penetración de la tecnología militar israelí no se detuvo ahí. Para la provisión de sistemas de telecomunicaciones destinados al Ejército paraguayo, valorados en 20 millones de dólares, la empresa Itti operó en alianza estratégica con Elbit Systems, el mayor contratista de defensa e inteligencia de Israel. Paralelamente, en la licitación de radares de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por 180 millones de dólares, el consorcio recurrió a GETS Systems, especializada en tecnología satelital y radar militar.
Esta simbiótica relación ya venía gestándose desde septiembre de 2024, cuando la misma firma Itti firmó un acuerdo estratégico con Corsight AI, gigante israelí en reconocimiento facial en tiempo real. Con el pretexto de modernizar la seguridad en eventos deportivos, comerciales y accesos corporativos, las empresas del grupo captaron masivamente rostros, huellas dactilares y patrones biométricos de miles de ciudadanos paraguayos. El colapso del banco ha disparado las alarmas de expertos en ciberseguridad sobre el destino final y el resguardo de esa información altamente sensible en manos de redes privadas internacionales.
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Diplomacia a medida: de la Embajada en Jerusalén al banquete de Mar-a-Lago
Nada de este despliegue de contratos armamentísticos y ciberseguridad se entiende sin la hiperactividad diplomática de Santiago Peña. Desde sus días como precandidato del Partido Colorado, impulsado por el exmandatario Horacio Cartes, Peña alineó su agenda internacional con los intereses del Likud y de Benjamín Netanyahu. Su compromiso estelar —anular la neutralidad diplomática y trasladar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén— fue defendido ante el presidente israelí Isaac Herzog como una «obligación moral», encubriendo la trastienda comercial que se abría para los negocios de su círculo de confianza.
El patrón de someter la representación diplomática a conveniencias corporativas se repitió de forma sistemática. Dos semanas después de que Peña se fotografiara en Budapest con el ultraconservador Viktor Orbán, Ueno Bank anunció la entrada de la entidad húngara OTP Bank en su accionariado. Meses más tarde, la entidad bancaria figuró como patrocinador *Diamond* en la gala conservadora de Mar-a-Lago, en Florida, tejiendo lazos con el entorno de Donald Trump justo antes de colocar una histórica emisión de bonos por 350 millones de dólares en Wall Street a través de Bank of America y J.P. Morgan.
Sin embargo, el deslumbrante escaparate internacional saltó por los aires cuando el Banco Central del Paraguay debió intervenir Ueno Bank por severos problemas de solvencia, desatando una imputación penal contra 27 directivos por lesión de confianza y administración en provecho propio. La bancarrota ha dejado a más de 32.000 jubilados con sus fondos retenidos y abre la puerta a demandas por fraude bursátil en tribunales estadounidenses.
El altar, el regulador y la amenaza a la soberanía ciudadana
La maraña de poder que envuelve a Ueno Bank no solo salpica a la diplomacia y a la industria del espionaje, sino que penetra en los órganos reguladores del propio Estado paraguayo a través de alianzas político-religiosas. La figura clave en este engranaje es Joshua Abreu, un destacado líder evangélico a quien Peña nombró Superintendente de Valores del Banco Central mientras ocupaba, simultáneamente, y que más tarde asumiría la dirección de Ueno Casa de Bolsa.
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La escena de Abreu bendiciendo públicamente a Santiago Peña en la mayor iglesia evangélica de Asunción adquiere hoy una lectura institucionalmente alarmante. El encargado de supervisar los mercados de capitales y proteger los ahorros de la ciudadanía mantenía vínculos directos con el grupo financiero que terminó colapsando tras vaciar las arcas públicas y direccionar contratos de seguridad estatal.
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Joshua Abreu es el pastor evangélico del Centro Familiar de Adoración que en numerosas ocasiones ha hecho eventos de apoyo a Israel e incluso visitas de Ronni Kaplan el portavoz del ejército de Israel para América Latina que ha llegado a acuerdos con su fundación Huellas del Cielo. La Iglesia evangélica ha sido uno de los principales lobbys para que Santiago Peña radique su embajada de Israel en Jerusalem
El resultado de esta convergencia entre dogmatismo religioso, corporativismo financiero y la tecnología de vigilancia israelí representa una grave amenaza a la soberanía nacional de Paraguay. Con la fiscalía desentrañando los documentos incautados a Miguel Vázquez y la Iglesia católica paraguaya exigiendo sanciones penales inmediatas para los responsables, el Gobierno de Santiago Peña se enfrenta a su hora más oscura: la que expone cómo los recursos, la seguridad estratégica y la privacidad de todo un país fueron ofrecidos al mejor postor bajo el disfraz del progreso tecnológico.