El diario El Español publicaba este miércoles un titular alarmante: “El Gobierno pretende que los jueces pinchen los dispositivos de los periodistas para identificar las fuentes que revelen secretos”.
A primera vista, la frase sugiere una ofensiva del Ejecutivo contra la libertad de prensa: periodistas perseguidos por revelar información y jueces con carta blanca para espiar sus móviles. Pero basta leer la propuesta de reforma para comprobar que el titular no sólo es engañoso, sino abiertamente malintencionado. Lejos de autorizar una persecución arbitraria, el nuevo marco legal introduce por primera vez en España un avance histórico: el reconocimiento legal del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, algo que hasta ahora no estaba garantizado por ninguna ley estatal.
Un titular manipulado para alinearse con el discurso de PP y Vox
La redacción escogida por El Español omite de forma deliberada la extrema excepcionalidad de los supuestos contemplados en la ley, ya que un juez o tribunal sólo podrá autorizar intervenciones sobre dispositivos o comunicaciones de periodistas si se acredita un riesgo grave e inminente para la vida de personas, la seguridad nacional, el orden constitucional o los intereses esenciales del Estado y cualquier medida de este tipo deberá adoptarse respetando el principio de proporcionalidad, y sólo podrá adoptarse como último recurso para hacer frente a estas amenazas.
Nada de esto aparece en el titular, tampoco cabría, pero la elección de este punto tan excepcional no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia: la que vienen impulsando PP, Vox y buena parte de sus altavoces mediáticos, consistente en presentar al actual Gobierno como un régimen autoritario que persigue a la prensa crítica. En este caso, la realidad es justo la contraria.
Un derecho largamente reclamado, ahora por fin reconocido
Hasta ahora, ninguna ley española garantizaba el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Aunque el artículo 20.1 de la Constitución reconoce el secreto profesional, su falta de desarrollo normativo ha dejado a los informadores desprotegidos frente a abusos judiciales y policiales. Por primera vez una ley –aún en fase de anteproyecto– reconoce “el derecho de los periodistas a la protección de sus fuentes” y prohíbe expresamente que los periodistas puedan ser forzados judicialmente a revelar sus fuentes, la incautación de ordenadores o teléfonos moviles, investigar a medios de comunicación y periodistas…
Y es que la necesidad de esta protección no es teórica; ya que varios periodistas han sido objeto de procesos judiciales por negarse a revelar el origen de sus informaciones.
—Patricia López y Carlos Enrique Bayo (Público), fueron citados como testigos en la investigación de la Operación Catalunya y se les exigió identificar a quienes les habían filtrado datos sensibles.
—Ernesto Ekaizer fue obligado a declarar como testigo en un juicio y se le conminó a revelar la fuente de una filtración sobre el caso BBVA.
—Más recientemente el juez de instrucción Ángel Hurtado ha tratado de forzar a periodistas de distintos medios a revelar sus fuentes en relación a la filtración de los correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador –el novio de Isabel Díaz Ayuso— en los que reconocía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Sin una ley que blinde expresamente ese derecho, estos casos han dejado a los periodistas expuestos a presiones judiciales, coacciones indirectas o represalias administrativas; ya que cabe recordar que una persona citada como testigo no puede negarse a declarar ni mentir.
Libertad Digital y otros pseudomedios se suman a la desinformación
Libertad Digital y Ok Diario se han sumado a sembrar la polémica sobre esta nueva ley que busca proteger el blindaje de las fuentes periodísticas. Según el portal web de Jiménez Losantos “El Gobierno aprueba una Ley de Secretos Oficiales que contempla sanciones de hasta 2,5 millones a periodistas”, dando a entender que se producirá un control total de lo que se publica mediante la coacción. Nada más lejos de la realidad, ya que lo esas sanciones a las que alude estarán destinadas a quienes filtren información clasificada, pero no penaliza la labor informativa de los medios ni criminaliza la publicación de filtraciones cuando están amparadas por el interés público.
Más ‘pasado de vueltas’ está el titular de Ok Diario, que afirma que “La nueva Ley de secretos oficiales permite a Sánchez ocultar con quién y a dónde viaja en el Falcon”. ¿En qué se basan para decir que Pedro Sánchez va a aprobar una ley específica para ocultar los viajes en Falcon?
Únicamente en que esta ley habilita al Consejo de Ministros para declarar una información como secreta. Siguiendo esta estela, desde Pandemia Digital proponemos a Eduardo Inda un titular alternativo “La nueva Ley de secretos oficiales permite a Sánchez ocultar cuantas veces defeca y de qué color son sus heces”.
Este tipo de titulares no buscan informar, sino alimentar una narrativa falsa: la de una dictadura imaginaria que censura a la prensa, justo cuando se aprueba una norma que, por primera vez, reconoce derechos fundamentales a quienes investigan y publican información de interés público.
Redacción: Carlos Benéitez
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