Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y figura clave en la expansión del paramilitarismo, ha sido declarado culpable por soborno y fraude procesal. La sentencia llega tras años de denuncias sobre su implicación en Crímenes de Estado, como los “falsos positivos”, el exterminio de la Unión Patriótica y la colaboración con grupos armados ilegales. La caída judicial del político más influyente de Colombia en las últimas décadas no solo marca un punto de inflexión en el país, sino que también obliga a revisar el legado de violencia e impunidad que deja tras de sí el uribismo.
De acusador a acusado
La causa por la que Uribe ha sido condenado comenzó en 2012, cuando el entonces senador denunció al también senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Cepeda había recopilado testimonios que vinculaban a Uribe con grupos paramilitares, pero la Corte Suprema no solo desestimó la denuncia, sino que en 2018 encontró indicios de que fue Uribe quien habría intentado comprar declaraciones falsas para incriminar a su oponente político. Así, el expresidente pasó de acusador a acusado, y Cepeda fue reconocido como víctima en el proceso judicial.
Lejos de buscar una compensación económica, Cepeda rechazó la indemnización que le fue concedida por el Estado en 2008 y decidió donar esos fondos a un proyecto educativo para hijos de víctimas del genocidio político contra la Unión Patriótica, el partido de izquierda que sufrió más de 6.000 asesinatos selectivos en las últimas décadas del siglo XX.
Narcotráfico, exterminio de opositores, la Masacre de El Aro y los Falsos Positivos
Los vínculos de Uribe con el narcotráfico no son nuevos. En los años 80, su nombre ya figuraba en informes de inteligencia de EE.UU. como colaborador del cártel de Medellín. Su trayectoria política fue paralela a la expansión de los grupos paramilitares, presentados como autodefensas contra la guerrilla, pero en realidad responsables de masacres, desplazamientos forzados y control social en amplias zonas del país.
Empresas como Chiquita Brands, heredera de la United Fruit Company, han sido señaladas por financiar a estos grupos armados a cambio de protección para sus operaciones. El llamado Plan Colombia, auspiciado por George W. Bush y respaldado por el gobierno de José María Aznar, canalizó millones de dólares al aparato militar colombiano, mientras se mantenían estrechas relaciones con estos actores criminales. Otras compañías como Drummond, BP, Postobón o Ecopetrol también fueron acusadas de financiar estructuras paramilitares para silenciar a sindicalistas y activistas que ponían en peligro sus intereses económicos en el país.
1️⃣URIBE DIRECTOR AERONÁUTICA.
— David Flórez Ballesteros. (@DavidFlorezBall) July 28, 2025
1.1. Tranquilandia @IvanCepedaCast, comienza con la licencia que expidió Álvaro Uribe al helicoptero de su padre.
Pues ese helicoptero apareció en el complejo cochinero, Tranquilandia.
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El Plan Colombia financiado por Bush y en menor medida el gobierno de Aznar tenía como objetivo luchar contra el narco y las guerrillas.
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 29, 2025
Pero las autodefensas también eran financiadas por empresas como Chiquita Brands, que los ayudó a mover armas y drogas con Uribe apoyando...… pic.twitter.com/ls9I2vrSKD
La figura de Álvaro Uribe está ligada a uno de los episodios más sangrientos: la Masacre de El Aro, perpetrada en 1997 en Antioquia, cuando él era gobernador. En esa operación paramilitar fueron asesinados 19 campesinos, se cometieron violaciones sistemáticas y más de mil personas fueron desplazadas forzosamente de sus tierras. Diversas investigaciones apuntan a que Uribe tuvo conocimiento directo del plan y facilitó su ejecución.
La obstrucción a la justicia ha sido constante en los casos que lo involucran. En el asesinato de Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda y dirigente de la UP, el principal testigo fue silenciado mediante el secuestro de su esposa e hija. En la masacre de El Aro, las declaraciones de testigos fueron desestimadas, y varios defensores de derechos humanos que denunciaron los hechos fueron posteriormente asesinados.
Tras llegar a la presidencia Álvaro Uribe Vélez institucionalizó una de las prácticas más atroces del conflicto colombiano: los llamados “falsos positivos”. Se trató del asesinato de civiles inocentes por parte del ejército, que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar los resultados militares. El incentivo era claro: más bajas equivalían a recompensas y ascensos. Más de 6.400 casos han sido documentados oficialmente, y la cifra podría ser aún mayor.
Uribe nunca asumió responsabilidad política; por el contrario, justificó la política de “seguridad democrática” que sirvió de marco para estas ejecuciones extrajudiciales y reprimió sistemáticamente a quienes denunciaban los abusos, siendo premiado por ello en 2017 por Eduardo Inda con el “Primer Premio OKDiario a los Valores Democráticos” en lo que desde Ok Diario describieron como “compromiso con los valores liberales, la democracia y la iniciativa individual”. Más recientemente, en 2024, Isabel Díaz Ayuso se deshizo en elogios similares al recibirle en la sede de la Comunidad de Madrid destacando “su lucha contra el terrorismo y su papel en la defensa de la libertad”.
Álvaro Uribe y su relación con FAES
Álvaro Uribe, además de su papel como expresidente de Colombia, ha mantenido una estrecha vinculación con el entorno político conservador español, especialmente a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank fundado por José María Aznar y perteneciente a la red Atlas Network
En marzo de 2023, Uribe participó en un evento organizado por FAES titulado “La desconfianza en las instituciones como problema central de América Latina”, donde dialogó con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Durante la conversación, Uribe destacó la importancia de fortalecer la democracia y la libertad económica, y enfatizó la necesidad de combatir la degradación institucional. Álvarez de Toledo, por su parte, señaló al populismo como principal enemigo político y abogó por la construcción de alternativas de centro-derecha en América Latina.
Uribe también ha colaborado con FAES a través de publicaciones. En 2023 contribuyó con un artículo en la revista Cuadernos FAES de Pensamiento Político, donde abordó temas como el auge de China en América Latina, la influencia europea y los retos del populismo.
Este vínculo con FAES se suma al respaldo explícito que Uribe ha recibido de figuras destacadas del PP. José María Aznar ha elogiado públicamente las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo implementadas durante el gobierno de Uribe. En una visita a Medellín en 2006, Aznar calificó dichas políticas como “acertadas”, mostrando un respaldo contundente a la estrategia colombiana contra las guerrillas. A este mismo discurso se han sumado otras figuras como Díaz Ayuso, Eduardo Inda o la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, que le concedió el premio “Cortes de la Libertad”. Mención aparte merece Pablo Casado; quien, durante la toma de posesión de Ivan Duque, llegó a calificar el proceso penal por el que acaba de ser condenado de «falsas e infames» acusaciones en su contra. Un año antes, durante un acto organizado por el Forum Europa, sumándose a esta largamente repetida narrativa, elogió las políticas de seguridad implementadas por Uribe durante su presidencia en Colombia.
Este entramado político y mediático español ha servido para fortalecer la imagen de Álvaro Uribe en Europa, consolidando su figura como referente del pensamiento conservador y la derecha liberal, a pesar de las graves controversias que rodean su legado en Colombia.
El final del uribismo: justicia, memoria y reparación
La condena por soborno no alcanza a cubrir la magnitud de los crímenes asociados al nombre de Álvaro Uribe, pero representa un hito simbólico de gran calado. Por primera vez, el poder judicial colombiano logra sentar en el banquillo a una figura que encarnó la impunidad durante décadas. Para miles de víctimas del conflicto armado, la sentencia es un paso hacia la verdad y la reparación.
El fin del uribismo como proyecto político abre también la posibilidad de recuperar una memoria colectiva silenciada por el miedo. La persecución por razones ideológicas, el uso del Estado como maquinaria de muerte y la connivencia con el crimen organizado no pueden volver a ser parte del futuro de Colombia.
Redacción: Carlos Benéitez
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