En plena ofensiva global de la internacional reaccionaria contra los derechos sexuales, la educación afectivo-sexual y la laicidad, dos organizaciones españolas destacan por su papel central: CitizenGO, matriz internacional de Hazte Oír, y Abogados Cristianos. Ambas operan desde España, pero su influencia se extiende a nivel europeo y latinoamericano, con presupuestos millonarios, apoyos políticos internacionales y un uso sistemático de la vía judicial para imponer su agenda ultraconservadora.
CitizenGO: un lobby global ultracatólico con base en Madrid
En julio de 2025, CitizenGO se registró oficialmente como lobby en el Parlamento Europeo, declarando un presupuesto de cinco millones de euros. Su objetivo es claro: influir en políticas europeas relativas a “vida, familia, libertad religiosa y derechos de los padres”. Aunque se presenta como una plataforma de peticiones ciudadanas, en realidad es una red organizada que opera en más de 50 países.
La organización es heredera directa de Hazte Oír, conocida en España por sus campañas contra el aborto, los derechos LGTBI y la educación sexual. Ignacio Arsuaga, su fundador, ha sido vinculado con El Yunque, una sociedad secreta ultraconservadora mexicana que busca infiltrar y controlar estructuras políticas y sociales desde una perspectiva religiosa y reaccionaria. Se le atribuye haber exportado las tácticas de El Yunque para fortalecer las estructuras y estrategias de Hazte Oír y CitizenGO a nivel internacional.
Estas organizaciones están integradas en una red global que incluye al Foro de la Familia, el Congreso Mundial de las Familias y la red neoliberal y ultraconservadora Atlas Network, a la que también FAES.
Financiación internacional y conexiones con Rusia
Una investigación del European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights destapó en 2020 la financiación de CitizenGO por parte de oligarcas rusos vinculados a círculos ultraconservadores y a la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Destaca la figura de Konstantin Malofeev, oligarca sancionado por la UE y EE. UU. por financiar grupos separatistas prorrusos en Ucrania y apoyar la agenda ultraconservadora europea.
En una carta fechada en París el 4 de abril de 2013, Ignacio Arsuaga solicitó 100.000 € a Malofeev para lanzar CitizenGO. Wikileaks reveló que ya contaban con dos donantes que aportaron 170.000 €, pero aún faltaban 258.000 € para completar el presupuesto inicial.
Alexey Komov, miembro del consejo de CitizenGO, es interlocutor directo de Malofeev y representa también al World Congress of Families (WCF), vinculando directamente a CitizenGO con el oligarca ruso y sus redes.
El informe Tip of the Iceberg estima que entre 2009 y 2018 se canalizaron 188,2 millones de dólares desde Rusia hacia movimientos antigénero en Europa, muchos relacionados con CitizenGO y sus aliados.
Por otra parte, una investigación de openDemocracy documenta cómo CitizenGO ha colaborado con redes ultraconservadoras de EE. UU. y Rusia para influir electoralmente en partidos como Vox, Fidesz, Lega o Ley y Justicia, mediante un modelo similar a los “Super PAC” estadounidenses, sin controles claros.
CitizenGO niega estas acusaciones y asegura financiarse solo con pequeñas donaciones online, sin aceptar fondos de corporaciones o partidos políticos. Además, afirma haber cesado actividades en Rusia desde marzo de 2022. Sin embargo; medios como Diario Red, openDemocracy y El Español han aportado evidencias que contradicen la versión oficial, mostrando contactos y mecanismos financieros opacos.
La otra pata de la ofensiva: los tribunales como trinchera ideológica
Mientras CitizenGO actúa a nivel internacional, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha concentrado su ofensiva en los tribunales. En 2022 presentó 71 demandas judiciales, en su mayoría relacionadas con símbolos religiosos, libertad de expresión y supuestas ofensas a sentimientos religiosos.
Las últimas cuentas públicas de la entidad corresponden precisamente a ese mismo año, ya que sus cuentas de 2023 llevan más de un año en tramitación en la Junta de Castilla y León, y en ellas declararon ingresos por 749.216 €, pero registraron un beneficio de 567.389 €, una cifra difícil de justificar, ya que ese año solo lograron una sentencia favorable. Esta discrepancia hace que sus cuentas resulten poco creíbles teniendo en cuenta sus actividades extrajudiciales como los cursos de cinco días para estudiantes de derecho para que aprendan a “servir al bien”, los cuales becan con 3.000€ por alumno.
Más allá de la propaganda, sus victorias judiciales son casi inexistentes. La única resolución destacable es una sentencia parcial del Tribunal Superior de Galicia que les reconoció legitimidad para recurrir la retirada de una cruz franquista. El resto de demandas fueron archivadas o desestimadas.
Darío Adanti, presidente de la revista Mongolia y absuelto en uno de estos procesos, denunció que estas acciones buscan amedrentar la libertad de expresión y no proteger derechos genuinos, imponiendo una lógica propia del nacionalcatolicismo más que de una democracia liberal.
Una estrategia política de desgaste
El objetivo real no es ganar en los tribunales, sino generar ruido mediático, intimidar y desgastar a los sectores sociales y culturales que defienden los derechos humanos y la diversidad. Con el respaldo de plataformas como CitizenGO, que amplifican estos mensajes a nivel global, esta ofensiva judicial se convierte en una herramienta de agitación ideológica.
Además, la internacionalización de estas redes, la opacidad de su financiación y sus vínculos con actores geopolíticos como Rusia deben alertar sobre su impacto en la democracia y los derechos civiles. Cuando un lobby declara millones en Bruselas y su principal acción son demandas judiciales masivas con pocas victorias, el problema no es jurídico, sino político.
Redacción: Carlos Benéitez
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